INTRODUCCIÓN.

DESARROLLO.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2020) la familia se identifica como un “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”, además se incluye que es el “conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje”. Por su parte Papalia et al. (2010) distingue a la familia nuclear como una “unidad económica, doméstica y de parentesco de dos generaciones, que consta de uno o de los dos padres y sus hijos biológicos, adoptados o hijastros” (p.10), y de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos es “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (INEGI, 2017, p.1).

A la luz de la antropología social la familia es la que se considera como “una agrupación social, una comunidad cuyos miembros se hallan unidos por lazos de parentesco” (citado en Chávez, 2006, p.2). Por su parte, en el ámbito legal, corresponde al de carácter jurídico. Hernán Corral la define como “aquella comunidad que, iniciada o basada en la unión permanente de un hombre y una mujer destinada a la realización de los actos propios de la generación” (mencionado en Chávez, 2006, p.2). Además, en la declaración universal de Derechos Humanos de 1948 se reconoce a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado” (Chávez, 2006, p.3). A lo largo de la historia la familia ha contado con tres finalidades: la natural, la moral y la de carácter económico (Chávez, 2006, p.2). En este sentido, después de lo padres, los lazos que se priorizan son hacia la propia descendencia (hijos), enseguida los hermanos y después los primos.

La política familiar, en el campo de la intervención pública, no se encuentra clarificada por lo que presenta cierta confusión práctica y analítica. En cambio, la política de población o social cuentan con importantes argumentos en los que se define sus objetivos, su definición y la realización de acciones específicas. Las medidas de protección social están basadas en la promoción de los derechos de la ciudadanía, por lo que deben mantenerse en la preocupación de nuestros dirigentes con el afán de lograr y establecer la política social en la consecución del bienestar público (Rodríguez, 2009, p.25). Las transformaciones más trascendentales de las familias en los últimos 50 años son las siguientes:

Una de las definiciones de la palabra derecho, según la Real Academia Española (2020), indica que es la “facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella”. Por su parte Orozco y Silva (2002) indican que los derechos humanos “son todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive”. En nuestro caso, como familias al pertenecer a la sociedad mexicana y al contar con los derechos y obligaciones, son factores fundamentales para desarrollarnos como miembros de la sociedad y de manera individual/familiar en todos los aspectos de nuestra vida. Ya que su finalidad es proteger principalmente la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, la seguridad, la propiedad y la integridad física de cada ser humano (Orozco y Silva, 2002, p.9).

Con el fin de construir una sociedad civil equitativa, los ciudadanos pueden participar de diversas maneras con el propósito de la distribución justa de los bienes comunes. Involucrarse en las prácticas de control y fomento social, a través de los diversos roles, enriquece la oportunidad ciudadana en hacer valer cada uno de los derechos que conlleven a la generación y preservación de la democracia (Isunza, E. y Olvera, A. 2010). Las prácticas en defensa de los derechos de los ciudadanos, bajo un marco ético, así como el control de las obligaciones para el estado favorecen el bien común para el sano desarrollo de la sociedad. En México, gracias a las recientes prácticas de rendición de cuentas por parte de los funcionarios de gobierno, los ciudadanos pueden obtener información clara y oportuna, y a su vez cuestionar de manera directa las acciones, los medios y los recursos ejercidos en diversos servicios y obras para la sociedad buscando con esto una mayor participación en la retroalimentación y evaluación de las acciones gubernamentales

Según la encuesta efectuada a mi familia los derechos y obligaciones de las familias mexicanas se mencionan en la tabla siguiente:

Sólo por el hecho de ser mujeres, la discriminación y la violencia en su contra se ha expresado, tanto en contexto público como privado, de múltiples maneras afectando a millones de mujeres alrededor del mundo. Por tal motivo diversos organismos internacionales han asumido la responsabilidad social y política de liberarlas de una vida de violencia y discriminación y ha logrado que gobiernos e instancias de la sociedad civil haga respetar sus derechos.

Recientemente se han logrado avances significativos en los tratados internacionales y según el Gobierno Federal (2012) se “destacan las aportaciones en materia legislativa al reconocer a las mujeres como sujetas de derecho, y a la violencia que se ejerce contra ellas como una violación a los derechos humanos, un delito sancionable y un producto de la desigualdad de género construida socialmente” (p.3). Desde los años setenta en México se han desarrollado acciones con el propósito de salvaguardar la integridad física y verbal de las mujeres, sin embargo es hasta la década de los años noventa se logró instalar el tema de la violencia en contra de las mujeres gracias a la presión por activistas, feministas, académicas y gente de apoyo, por lo que el gobierno elaboró investigaciones y obtuvo estadísticas sobre el tema, haciendo perceptible los indicadores de la violencia especialmente en el núcleo familiar (Gobierno Federal, 2012, p.3).

Gracias a la alineación de nuestro país a los principales organismos internacionales ha propiciado cambios en la legislación mexicana, con la finalidad de llevar a cabo la elaboración de políticas que eviten la violencia y discriminación a tal grado que ha respondido a los compromisos internacionales establecidos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sin embargo, aún se encuentran en desarrollo los programas integrales para acatar lo que la Ley establece.

A continuación, se enlistan las aportaciones acerca de los derechos de la mujer que en México son diferentes a los de los hombres:

• Consideraciones legales para el período de la maternidad.
• Jornadas laborales reducidas que contemplen la lactancia o cuidado de hijos pequeños.
• Igualdad de oportunidades, ascensos y sueldos laborales.
• En caso de divorcio tiene la preferencia en la custodia de los hijos.
• Eliminación de la discriminación.
• Protección contra los abusos y violencia física.
• Garantía de los derechos de la mujer.

A su vez, las razones que tuvo el Gobierno para promulgar una ley “para erradicar la violencia y todas las formas de discriminación contra las mujeres” según los comentarios de mujeres se mencionan a continuación:

• Derivado de la presión social por grupos o activistas en pro de la mujer.
• Para alinearse a los Derechos Humanos establecidos internacionalmente.
• Para no fomentar o permitir los abusos en contra de ellas.
• Para evitar que las mujeres sigan viviendo con miedo y dolor.
• Según la ONU, para proteger los derechos de la mujer.
• Dar atención a los casos de violencia en contra de la mujer.
• Tener sustento legal a favor de las mujeres.
• Por la desigualdad de poder entre hombres y mujeres.

Existen numerosos retos a los que el ciudadano se enfrenta. Sin embargo, en primera instancia, debe enfocarse en el conocimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen a cada una de las instituciones con la finalidad de poder fomentar e incrementar su participación ciudadana de manera responsable con el objetivo de seguir desarrollando una sociedad sustentada en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. El compromiso que los ciudadanos tienen con la sociedad a partir de lo que se recibe de ella es, como lo menciona Cortina (2002), el ciudadano es el que le otorga un propio sentido a la existencia de la sociedad por lo que permite ser más consciente y exigente de sus derechos y deberán asumir sus responsabilidades participando de manera activa para el beneficio de la sociedad (p.50). Gracias a lo que le brinda la sociedad, el ciudadano individual y común se encuentra protegido y con fácil acceso a los diversos recursos que necesita para llevar a cabo su vida, por tal motivo el compromiso principal es de llevar a cabo su mejor cumplimiento en cada una de las actividades que desempeña. Los actos de los ciudadanos deberán ser presididos por la ética y el decoro profesional y que procure en todo por el beneficio social, sobre los requerimientos particulares llevando a cabo la prevalencia de los más altos valores humanos y la mejor de sus causas.

CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFÍA.